Ley de Segunda Oportunidad.

Cualquier persona física, ya sea particular o autónomo, que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones de pago. Es necesario actuar de buena fe y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los últimos 10 años. También se requiere que el pasivo no supere los 5 millones de euros y que se haya intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos.

En la mayoría de los casos, sí se pueden cancelar todas las deudas, incluidas las bancarias, tarjetas de crédito, préstamos personales y deudas con proveedores. Desde la reforma de 2022, también es posible exonerar deudas con Hacienda y la Seguridad Social hasta un importe de 10.000 euros. Las deudas por pensiones de alimentos y las derivadas de responsabilidad extracontractual quedan excluidas de la exoneración.

No necesariamente. La Ley de Segunda Oportunidad contempla mecanismos para proteger la vivienda habitual del deudor. Si la vivienda no tiene cargas hipotecarias o si se establece un plan de pagos para mantener la hipoteca, es posible conservarla. Nuestro equipo diseña la estrategia más adecuada para proteger tu hogar, analizando cada caso de forma individualizada para encontrar la mejor solución.

El proceso completo suele durar entre 6 y 18 meses, dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo del juzgado correspondiente. La fase de acuerdo extrajudicial tiene un plazo legal de 2 meses. Si se llega al concurso consecutivo, el juez puede resolver en un plazo de entre 3 y 12 meses adicionales. Durante todo el proceso, los embargos y ejecuciones quedan paralizados desde el momento de la solicitud.

Desde la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal en septiembre de 2022, es posible exonerar deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social hasta un importe máximo de 10.000 euros por cada organismo. Si las deudas superan ese importe, se puede establecer un plan de pagos a 5 años para la parte no exonerada. Es un avance muy significativo que permite a autónomos y particulares liberarse también del crédito público.